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Cortes

Para CIDH, el Estado colombiano vulneró los derechos de indígenas u'wa

Laguna La Cuadrada en el Valle de Lagunillas, una de las más visitadas del Parque.

Laguna La Cuadrada en el Valle de Lagunillas, una de las más visitadas del Parque.

Foto:Jaime García /El Tiempo

La Comisión presentó el caso ante la la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En un informe de fondo sobre el caso del pueblo indígena u'wa respecto de Colombia, la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró probado que esta comunidad ancestral se ha visto afectada severamente por el conflicto armado interno en Colombia, lo cual lo ha puesto en situación de extrema vulnerabilidad, llegando al punto de estar en peligro de extinción.
El caso, que fue presentado por la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se relaciona con la falta de una protección efectiva del derecho a la propiedad ancestral del pueblo u’wa, así como la ejecución de una serie de actividades petroleras, mineras, turísticas y de infraestructura, en perjuicio de sus derechos. 
La CIDH consideró que los miembros de esta comunidad no han podido usar ni gozar de sus tierras en forma pacífica. Además de los proyectos que se han realizado en su territorio tras las concesiones otorgadas por las autoridades estatales, el saneamiento al que se comprometió el Estado a realizar en 1999 no ha culminado.
Por otra parte, la Comisión determinó que el Estado no cumplió con el derecho a la consulta previa, libre e informada, al otorgar permisos, licencias y concesiones para la realización de proyectos petroleros, mineros y de infraestructura en tierras del pueblo u’wa o en zonas adyacentes a las mismas, que podían afectar sus tierras, territorios y su forma de vida.
La CIDH encontró además que el ingreso de las empresas al territorio del pueblo u’wa y el hecho que su territorio no haya sido del todo saneado y se encuentren colonos en el mismo, les impide tener un libre acceso a sus tierras y lugares sagrados, afectando así sus tradiciones y su pervivencia cultural y espiritual.
En este sentido, la Comisión indicó  que, al crear el Parque Natural El Cocuy, el Estado otorgó su administración y manejo a la Dirección Nacional de Parques Naturales y no a las autoridades tradicionales u’wa. Esto, a pesar de que la totalidad del parque se encuentra en su territorio y que sus autoridades son quienes tienen el conocimiento ancestral para poder determinar si el ingreso de visitantes puede afectar su equilibrio espiritual y su subsistencia cultural.
Por todo esto, la CIDH concluyó que el Estado ha violado los derechos a la propiedad colectiva y de participación en asuntos de los miembros del pueblo u’wa.

Las recomendaciones de la CIDH al Estado

En el documento de la  Comisión, se le sugiere al Estado colombiano "adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a la propiedad colectiva y la posesión del Pueblo Indígena U’wa, para lograr la titulación completa y el saneamiento efectivo de su territorio ancestral".
Además, recomendó "reparar integralmente las consecuencias de las violaciones declaradas en el informe de fondo. En especial, considerar los daños provocados al pueblo indígena u’wa por la falta de saneamiento de su territorio ancestral, así como los daños causados por los proyectos y por la incursión de agentes estatales y de terceros a su territorio".
Otro de los temas claves que tocó la CIDH en sus sugerencias es adoptar las medidas necesarias para asegurar que no se continúen ejecutando o se inicie la ejecución de proyectos vinculados a las concesiones y actividades empresariales en las cuales no se hayan cumplido los estándares establecidos en el informe de fondo en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informado.
Por último, la Comisión pidió "adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares; en particular, adoptar recursos sencillos, rápidos y efectivos que tutelen el derecho de los pueblos indígenas a reivindicar sus territorios ancestrales y a ejercer pacíficamente su propiedad colectiva, mediante la titulación, demarcación, delimitación y saneamiento. Asimismo, adoptar una ley de consulta previa acorde a los estándares señalados en el informe y en consulta con la comunidad indígena colombiana".
JUSTICIA
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