Por David Toro
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), junto al Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) presentaron este 8 de septiembre el estudio “Un éxodo que no se nombra”, que describe los tipos de violencia y grupos vulnerables que son desplazados forzosamente en Guatemala ante instituciones estatales que desconocen cómo atender el problema.
Las causas por las cuales las personas se ven obligadas a dejar su lugar de origen en Guatemala son diversas. Según Adela Morales, investigadora socioeconómica de la PDH, las principales formas de violencia que propician el desplazamiento forzado son los homicidios, amenazas, extorsiones y desalojos, aun siendo legales.
“Un desplazado interno es aquella persona que se ve obligada a dejar su hogar, son sujetos de violaciones a derechos humanos, los desplazados se encuentran en el territorio nacional, no es necesario que crucen fronteras para ser considerados como desplazados”, explicó Morales durante la presentación del informe transmitido en directo.
El estudio destaca que entre 2019 y 2020 en Guatemala se han contabilizado 56,045 víctimas de homicidio, 93,897 denuncias de extorsión y 591,27 personas afectadas por estos actos violentos. “Entender quiénes están siendo afectados por el desplazamiento forzado es muy complicado, sobre todo cuando no existen registros específicos para este tema y cómo sucede (…) pero los datos recabados nos muestran que hay una interrelación entre estas tres formas de violencia y la movilidad forzada”, precisó Morales.
Los mayores agraviados de 2013 a 2019, según las denuncias presentadas en el Ministerio Público (MP), son personas que pertenecen a grupos vulnerables como mujeres, menores de edad, defensores de derechos humanos y la comunidad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales e intesexuales (LGTBI).
“Los desalojos propician el desplazamiento forzado”
Durante la presentación, la investigadora Morales indicó que los desalojos, aún bajo sustento legal, propician el desplazamiento forzado porque el Estado no ha cumplido con los estándares internacionales de derechos humanos. El informe agrega que el desplazamiento también puede ser provocado por la imposición de megaproyectos, crimen organizado, agroindustria y falta de certeza jurídica de las tierras.
Los efectos del desplazamiento forzado
En la segunda parte de la presentación, la investigadora Sindy Hernández, del IDGT, expuso que las estadísticas muestran que durante la última década el número de guatemaltecos que solicitan asilo político internacionalmente se elevó un 25%, en 2018 más de 92 mil connacionales solicitaron estatus de refugiados fuera de nuestras fronteras.
“Hay un abandono del Estado guatemalteco para esta población, las posibilidades de movilizarse para quienes son víctimas de desplazamiento forzado, depende de su capacidad económica, redes familiares, el grado o nivel de amenaza y por último cuestiones más subjetivos como el valor de dejar su hogar y su familia”, señaló Hernández.
“Los impactos emocionales y físicos en las comunidades desplazadas, como el caso específico de Laguna Larga, son grandes, como la destrucción de su patrimonio familiar (…) hay personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes y también se reportó problema para acceder al agua potable, además han sido estigmatizados por la manera en la que el Estado aborda los desalojos porque describen a los desalojados como invasores”, subrayó Hernández.
El informe “Un éxodo que no se nombra” recomienda al Estado que a través del Instituto Nacional de Estadística (INE) se cree un registro de personas que han sido desplazadas forzosamente, para que se pueda crear mecanismos de coordinación y diálogo interinstitucional, regido por un comité nacional y que el Estado reconozca que actualmente existen grupos vulnerables a ser víctimas de este flagelo.
El informe completo será publicado en la página de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
