Más de 4 mil niñas, niños y adolescentes sufrieron deportación desde Estados Unidos y México a El Salvador desde el 2017 hasta mediados de este 2020, la mayoría en el último año y medio, es decir, desde enero 2019 hasta julio 2020. Del 2017 al 2018 hubo una sensible disminución de niñez y adolescencia deportada, pero ya en el 2018 los números se duplicaron de 26 migrantes menores de 18 años deportados desde Estados Unidos a 91 en el 2019 y de 785 desde México en 2018 a 1 mil 361 el año pasado. Entre enero a julio del 2020 ya las cifras superan las deportaciones totales del 2019. Las autoridades migratorias estadounidenses han deportado en este periodo a 91 niñas, niños y adolescentes.
La mayoría de migrantes menores de 18 años deportados de Estados Unidos no son adolescentes mayores de 15 años. El 64% lo constituyen niñas y niños menores de 12 años (177) y 103 entre los 13 a 17 años de edad. Diferente es en el caso de menores de 18 años de edad repatriados desde México, 1 mil 307 tienen entre 13 a 17, en contraste con 700 menores de 12 años de edad.
Estos registros los actualiza la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Sin embargo, esta información no logra obtenerse accesando a su página web o solicitándola a la oficina de acceso a información pública. No hay justificación válida por la que estas estadísticas no sean públicas, así como tampoco el que no haya disponible información sobre cómo son recibidos y a dónde son llevados estos niñas, niños y adolescentes y en qué condiciones. Es importante conocer las causas por la que nuestra niñez ha migrado pese a cierre de fronteras por la pandemia y si se les ha apoyado en gestiones de protección internacional mediante el deber de protección consular en los casos en que la violencia los haya expulsado de su propio país o estén expuestos a graves riesgos en países de tránsito y destino.
En la frontera sur de Estados Unidos con México se han reanudado, bajo pretexto de contener el COVID-19, crueles políticas contra los niños y niñas migrantes, separándolos de su familia o manteniéndolos injustamente detenidos. En tan solo seis semanas, el DHS utilizó una orden de los CDC extendida indefinidamente que les facultaba a llevar a cabo expulsiones automáticas de solicitantes de asilo y niños no acompañados en la frontera. Esta orden está actualmente sujeta a impugnación legal por el bloqueo a posibilidad de pedir protección en frontera de al menos a 69 mil personas, entre ellos más de 2 mil niños no acompañados.
Las deportaciones nunca fueron suspendidas pese a la crisis de la pandemia y el consecuente cierre de fronteras y aeropuertos. Las conocidas como “deportaciones express” han afectado directamente a niñez y adolescencia migrante y en ese contexto regresan a El Salvador sin que se conozcan protocolos y programas específicos para recibirles por parte de las instancias estatales llamadas a la aplicación de principios de la doctrina integral de protección. Se conoce de tres centros de cuarentena o contención administrados por la DGME específicamente destinados para migrantes retornados, aproximadamente una centena a principios de agosto, pero a excepción de algún tweet publicitario, no se sabe sobre la calidad de recepción y atención a más de 130 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados registrados entre marzo a julio.
El devastador balance económico de la pandemia en el mundo desencadena inevitablemente nuevas olas de migración irregular. Aún en medio de los riesgos de contagio, el número de migrantes detenidos a lo largo de la frontera con México aumentó a 38.347 en julio de 16.162 en abril, un incremento del 137 por ciento, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha advertido del grave peligro que corren niños migrantes no acompañados y ha hecho un llamado a todos los gobiernos a cesar los retornos y deportaciones. De más está decir que su llamado no ha sido escuchado.
Periodista especializada en derechos humanos y educación para la paz