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Recién llegado a la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque decidió embarcar a Colombia en una cruzada inútil. Impulsado por el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, expidió el Decreto 1844 de 2018, que permitía a las autoridades decomisar la dosis mínima de sustancias psicoactivas en espacios públicos. Se vendió la política como una herramienta esencial para detener el microtráfico y proteger a los niños, niñas y adolescentes que están siendo perseguidos por los jíbaros. Sin embargo, fue un paso en falso más en la larga y fallida estrategia contra las drogas del Estado colombiano.
En aquel entonces fueron muchas las preocupaciones sobre el decreto. Más allá del populismo y el debate público exagerado, se dijo algo que ya se sabía: el decreto no iba a cumplir su cometido y, además, se trataba de una violación indebida a la libertad de los colombianos. Juristas expertos acusaron además al entonces fiscal de estar ubicando los reflectores sobre un problema ilusorio. El argumento central de defensa era que los narcotraficantes y sus jíbaros podían decir que su mercancía era para consumo personal y, por ende, burlar a la justicia. Una interpretación ridícula que no responde a la realidad de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, casi dos años después, el Consejo de Estado ha confirmado que no se puede perseguir a los consumidores. En su decisión, el tribunal estableció que la Policía solamente puede decomisar las sustancias psicoactivas cuando logre verificar que la droga no se está utilizando para la venta o está afectando a la colectividad. Es decir, que no se puede traspasar la esfera íntima del consumidor.
Se trata de una decisión importante por dos motivos. Primero, porque reconoce que en Colombia es un derecho que tienen los ciudadanos el consumo de la dosis mínima, en ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad. Segundo, porque también les recuerda a la Policía y de paso al Gobierno que las directrices de seguridad no pueden ser abusivas ni limitar indiscriminadamente los derechos de las personas.
En últimas, el problema en este debate es que el Gobierno sigue buscando la fiebre en las sábanas. La guerra contra las drogas, contra los carteles del narcotráfico y en particular contra el microtráfico no se ganará con una Policía sin límites. Hay suficientes estudios que demuestran cómo el enfoque represivo solo aumenta el precio de las drogas, lleva su tráfico a la clandestinidad y termina afectando desproporcionadamente a grupos minoritarios, que suelen ser perfilados y perseguidos por las fuerzas de Policía.
¿Queremos proteger a los niños, niñas y adolescentes? ¿Queremos alejar las drogas de los colegios? ¿Queremos restarles poder a los carteles? ¿Queremos blindar los derechos de los colombianos? ¿Queremos un nuevo aire en la guerra contra las drogas? Entonces es momento de hablar de legalización, regulación y de tener un debate mucho más maduro, con referentes internacionales. Todo lo demás es insistir en estrategias fallidas.
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