Podría vulnerar derecho de intimidad y a la propiedad privada, según abogados. / DEM
Abogados constitucionalistas y defensores de derechos humanos coinciden en que las nuevas medidas del Gobierno para reforzar la cuarentena domiciliar obligatoria y combatir la pandemia de COVID-19 podrían provocar abusos y violar derechos establecidos en la Constitución de la República.
El decreto ejecutivo 19, publicado la noche del 13 de abril por la Presidencia de la República en redes sociales, otorga dos nuevas facultades mientras dura la cuarentena: el ingreso de autoridades del Ministerio de Salud a las viviendas y el decomiso de vehículos a quienes incumplen la disposición.
Para el director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Saúl Baños, esta ley no especifica en qué situaciones el Ministerio de Salud está facultado a ingresar a una vivienda y podría desatar abusos de derechos humanos.
El decreto, afirma, puede reñir con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución: la morada es inviolable y solo podrá ingresarse a ella por consentimiento de la persona que la habita, mandato judicial, flagrante delito y por peligro inminente de su perpetración o por grave riesgo de la persona que habita el lugar.
Roberto Burgos Viale, abogado, considera que el nuevo decreto invade competencias legislativas. “Las restricciones a la libertad o intimidad solo pueden hacerse mediante una ley formal, no mediante decreto ejecutivo”, por lo que es inconstitucional, agrega.
Por su parte, el abogado constitucionalista Efraín Lemus asegura que la única forma de validar esta medida es a través de un régimen de excepción avalado por la Asamblea Legislativa; pero el artículo 20 “ni siquiera está comprendido como uno derechos que se pueden suspender por la vía del régimen de excepción”.
Voluntario
La abogada Celia Medrano, de Cristosal, afirma por su parte que el Código de Salud permite la entrada de personal de Salud a las viviendas, siempre que estén debidamente identificados.
Esta medida “sería clave en la labor del Ejecutivo para constatar que los hogares reúnen las condiciones para cumplir una cuarentena”, añade.
No obstante, “es importante que la población reciba a bien esta disposición, pero debe mediar la voluntariedad de las personas para que el personal entre a las viviendas”. Bajo ningún caso, además, se habilitaría a policías y militares que puedan ingresar acompañando a trabajadores de salud.
La abogada Ruth López, sin embargo, dice que este decreto también incumple el derecho a la propiedad privada, y es “una muestra de la reiterada insistencia del Ejecutivo de no incorporar en una ley formal aprobada por la Asamblea para tomar medidas”, y de incumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional sobre las retenciones.
