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Actualización Caso Guapinol
Una actualización del caso de hostigamiento judicial de los defensores del río Guapinol y el ambiente de terror que se ha generado a través de la minería ilegal en Tocoa.
– 15 de octubre de 2020
Sobre el asesinato de Arnold Joaquín Morazán Erazo
Condenamos el asesinato de Arnold Joaquín Morazán Erazo, ocurrido en su casa de habitación en la comunidad de Guapinol la noche del 14 de octubre de 2020, y expresamos nuestro pésame a su familia y a toda la comunidad que es víctima de la violencia debido al conflicto provocado por la concesión minera.
Arnold Joaquín Morazán Erazo era una de las 32 personas criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenír Pérez y Ana Facussé, y el Ministerio Público de Tocoa, que junto al aparato de seguridad del Estado ha implementado una política de terror en la comunidad de Guapinol. No fue miembro del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa CMDBCPT, aunque en 2018, participó activamente en la denuncia pública que se hizo a nivel municipal contra la implementación de la mina en el parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.
El Estado de Honduras debe garantizar la integridad física de todas las personas defensoras de los derechos humanos en Guapinol y del CMDBCP y de las familias de los defensores encarcelados ilegalmente hace más de un año.
Debe haber una investigación inmediata e imparcial sobre el asesinato Arnold Joaquín Morazán Erazo y el enjuiciamiento de los autores materiales e intelectuales de este crimen abominable, y el fin de las amenazas e intimidaciones en contra las personas defensoras de los derechos humanos en Guapinol y Tocoa.
Sobre las campañas de oídio, difamación, intimidaciones y agresiones constantes contra las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales en Tocoa
El asesinato de Arnold Joaquín Morazán Erazo se produce en un momento en que se acercan nuevas audiencias del caso de criminalización de Guapinol y se circunscribe en un contexto de extrema violencia en el que también ha sido asesinado Roberto Antonio Agueta Tejada en el año 2019, quien también había sido criminalizado por el Ministerio Público de Tocoa e Inversiones Los Pinares y cuyo asesinato también se ejecutó pocos días antes de una audiencia relacionada con el caso. En este sentido, denunciamos estos hechos como parte de una campaña para desestabilizar a la comunidad y la resistencia a la minería ilegal en el Parque Nacional Carlos Escaleras y para provocar miedo, desconfianza y ruptura del tejido social de la comunidad. Días antes del asesinato de Arnold Joaquín Morazán Erazo, el CMDBCP denunció el aumento de la vigilancia e intimidaciones del ejército y la policía en Guapinol, un patrón que ha persistido en los días posteriores al asesinato.
Este nuevo asesinato forma parte de los ataques sistemáticos que la empresa Inversiones Los Pinares y el Estado hondureño, a través del uso de las fuerzas de seguridad pública y de grupos de vigilancia para intimidar a la comunidad, así como las campañas de difamación en contra de quienes se oponen al proyecto minero. Denunciamos públicamente los rumores y campañas de odio y difamación que estos actores están perpetuando en la comunidad de Guapinol para tratar de culpar sin ningún fundamento al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de este asesinato y otros más.
Al mismo tiempo, el CMDBCP y familiares de los defensores encarcelados han denunciado las campañas de difamación y desprestigio circulando en las redes sociales contra reconocidos defensores de los derechos humanos en Tocoa.
Son particularmente alarmantes las acusaciones no fundadas contra los cinco reconocidos defensores perseguidos políticamente, quienes actualmente están en riesgo de detención dado la resolución de la Corte de Apelaciones que recién revocó el sobreseimiento a su favor por los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad.
Condenamos las publicaciones de cuentas anónimas de Facebook (Tocoa Exclusivas, La Voz de Tocoa) y Twitter (La Peccora) que pretenden culpar a reconocidas personas defensoras de graves delitos sin fundamento, lo que ponen en riesgo sus vidas. Al mismo tiempo denunciamos los actos de intimidación, como vigilancia por personas y vehículos desconocidos, contra personas.
En repetitivas ocasiones, campañas de difamación han sido denunciados ante la Fiscalía de Derechos Humanos, pero en ningún momento se ha dado seguimiento ni ha avanzado con una investigación y las campañas siguen con vigor. Exigimos el cese inmediato de la persecución política, las amenazas, las intimidaciones y la violencia contra los defensores del agua y la tierra en Tocoa.
Sobre la falta de cumplimiento con el cabildo abierto
El agravamiento de esta situación se debe a la falta de respeto del cabildo abierto el 29 de noviembre de 2019 en el que se declaró el municipio libre de minería. Como seguimiento, el día 14 de octubre, el CMBCP y presidentes de patronatos Pro Mejoramiento Comunitario presentaron una petición ciudadana ante el Señor Alcalde y Corporación Municipal de Tocoa, exigiendo el cumplimiento de Acta #079-2019 de Cabildo Abierto en su carácter de instrumento jurídico municipal de obligatorio cumplimiento (fotos adjunto).
Sobre la actuación negligente del Ministerio Publico
El Ministerio Público de Tocoa está poniendo en riesgo la vida de las personas defensoras de la tierra y el agua mientras genera impunidad para la empresa minera. No ha investigado los graves delitos perpetrados contra pobladores, líderes y personas defensoras del río Guapinol, denunciados ante esta fiscalía, mientras ha criminalizado a reconocidos defensores de los derechos humanos por su legítima defensa de tierra y agua y su oposición a la minería que les afecta.
En 2018, el Ministerio Público de Tocoa, bajo la coordinación de Angie Destephen, comenzó a investigar ilegalmente a personas que formaban parte del Campamento "Por el Agua y la Vida" en Guapinol como miembros de una red de crimen organizado. En enero de 2019, presentaron cargos utilizando pruebas indebidas contra 31 personas por asociación ilícita, robo, incendio agravado y detención injusta en enero de 2019. El uso malicioso de la asociación ilícita justificó la detención de las personas defensoras del agua inmediatamente después de que se presentaran voluntariamente y sirvió para estigmatizarlos a ellos y a su legítima resistencia a una mina que operaba sin consentimiento en el Parque Nacional.
La Fiscalía de Tocoa ha insistido en la aplicación de la detención preventiva, aunque los dos cargos a los que se enfrentan ahora los defensores no requieren esta medida. El equipo de la defensa ha presentado dos peticiones formales a la Fiscalía para que desistan, en las que se esbozan las normas y obligaciones internacionales y se advierte sobre el uso injustificado de la medida, pero estas peticiones han sido denegadas.
Es preocupante que esta Fiscalía no haya emprendido una investigación sobre ninguna de las denuncias legales presentadas por el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos contra la empresa minera Inversiones Los Pinares, entre ellas la concesión ilegal de la licencia de explotación, la contaminación ambiental provocada por actividades relacionadas con la minería y el intento de homicidio de un miembro del campamento de Guapinol.
En agosto de 2020, el equipo de defensa presentó denuncias administrativas contra agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) por negligencia al no investigar el intento de homicidio y por redactar indebidamente un informe de inteligencia falso que se utilizó para tipificar como delito y que sirvió de prueba para el cargo de asociación ilícita. No ha habido ningún avance en esta denuncia.
Exigimos al Ministerio Público de Tocoa que retire de inmediato todos los cargos infundados contra los defensores del río Guapinol que han sido encarcelados y criminalizados ilegalmente. Sus acciones, junto con las de los agentes locales de la Dirección Policial de Investigación han sido negligentes y deben ser investigadas inmediatamente de acuerdo con las denuncias interpuestas en su contra por el equipo legal el 24 de agosto de 2020.
Sobre próximos pasos en los casos de criminalización
El equipo legal presentó el jueves 15 una solicitud para una nueva audiencia de revisión de medidas ante el juzgado de Tocoa. Deben de responder en los próximos días. Durante esta audiencia, se aportará nuevas razones que se suman a las que ya existen para demostrar que no se debe aplicar la medida cautelar de prisión preventiva y si es necesario, se ofrecerá una fianza. Es necesario garantizar la publicidad de esta audiencia.
Nuevas condiciones que fortalecen los argumentos de la ilegalidad de la prisión preventiva:
1. En relación al argumento de la gravedad de la pena para justificar la prisión, se debilita todavía más por
i. Sobreseimiento definitivo del delito de Asociación ilícita ratificada por la Corte de Apelaciones (es decir, ratificaron que no forman parte de un grupo criminal)
ii. Nuevo código penal cambia la tipificación de los delitos y la posible sentencia, las penas son todavía más bajas.
2. Cualquier obstrucción a la investigación ya no existe - ha pasado más de dos años desde que se incurrieron los supuestos delitos y no ha habido situación de amenazas u obstáculos.
3. No hay peligro de fuga – se presentaron de forma voluntaria
4. La reforma del Código Penal aumento los requisitos para la aplicación de prisión preventiva y ahora, y redujo el catálogo de delitos para los que se prevé la aplicación automática. Además, como último recurso, el equipo de defensa legal ofrecerá una propuesta de fianza para sustituir la medida de prisión preventiva, la cual es suficiente de acuerdo con la Constitución para garantizar que sean juzgados en libertad.
Cambio de Juzgado: El Juzgado de Jurisdicción Nacional ya no es lugar para conocer el caso de los 13 defensores del río Guapinol judicializados, según notificó viernes 2 de octubre el juez Carlos Irías de León, que ha transferido el expediente de nuevo a Tocoa. La decisión se produce después de las repetidas llamadas para que el caso sea escuchado por un juzgado de letras ordinario dado las crecientes evidencias que apuntan a irregularidades judiciales en el caso.
El juez Irías de León dictaminó que ya no es competente para presidir el caso porque no hay pruebas que vinculen a los defensores con el crimen organizado, para lo cual se creó la jurisdicción especial en materia penal con competencia nacional.
En agosto de 2020, la Corte de Apelaciones notificó su decisión de ratificar el sobreseimiento definitivo del delito de asociación ilícita contra 19 defensores del agua, aunque 13 de ellos todavía se enfrentan los cargos de privación injusta de libertad e incendio agravado. Ocho de ellos llevan más de un año en prisión preventiva aunque estos delitos no requieren esta medida cautelar.
Además del expediente que ha sido trasladado a Tocoa, trece defensores siguen esperando una decisión definitiva de la Corte de Apelación en relación con otra acusación por usurpación y daños, que también fue originalmente desestimada. Todos los cargos pendientes están relacionados con las denuncias presentadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares y los contratistas de seguridad que trabajan en su mina en el Parque Nacional Carlos Escaleras de Tocoa.
Un fallo de agosto de 2020 del Tribunal de Apelaciones hizo referencia a un caso completamente diferente al examinar el uso arbitrario de la detención de ocho defensores que han estado en la cárcel más de un año. Como resultado, la Sala de lo Constitucional admitió un amparo que la defensa presentó para garantizar sus derechos constitucionales. No se ha dictado ninguna decisión definitiva.
El caso Guapinol ha sido ampliamente analizado por expertos legales y de derechos humanos nacionales e internacionales. Un informe preliminar publicado en agosto de 2020 por la Clínica Jurídica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia advierte que el Estado hondureño podría estar violando el derecho internacional e insta a la liberación inmediata de los defensores del agua encarcelados. El 23 de septiembre, el CONADEH emitió un comunicado que reiteró este llamado.
- Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa
- Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos
