María Teresa Ronderos y Andrés Bermúdez Liévano son la directora y el editor del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Opinión El glifosato en Colombia, una receta para volverse locos
Por María Teresa Ronderos
y Andrés Bermúdez Liévano
June 14, 2021 at 6:15 p.m. EDT
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El actual gobierno de Iván Duque quiere resucitar esta estrategia, con el argumento de que es el atajo efectivo para conseguir reducciones significativas de los cultivos de coca, que volvieron a crecer de 48,000 hectáreas en 2012 a 154,000 hacia fines de 2019, según el último censo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El gobierno anterior de Juan Manuel Santos había suspendido las aspersiones en 2015, después de que un estudio del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer reclasificara el glifosato como una sustancia probablemente cancerígena.
Al insistir en la misma receta, el gobierno se va a estrellar de nuevo con los mismos fracasos del pasado. Con el agravante de que en estos años, mientras se fumigaba el campo, la realidad del país ha ido cambiando.
No es lo mismo Colombia de fines del siglo pasado, donde agentes del Estado no podían entrar a vastos territorios para desarrollar un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilegales por legales, porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ponían en riesgo a los funcionarios que lo intentaran. La idea de fumigar los cultivos por aire nació de esa dificultad, nos dijo en entrevista el general retirado Óscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia, para el proyecto Una guerra adictiva. Además, se entendía como una medida urgente para restarle poder, riqueza y control territorial a las FARC: quitarle la coca era una estrategia de guerra.
Pero hoy las FARC se han desmovilizado, fruto del acuerdo de paz firmado en 2016. Según cifras de la Alta Consejería de Estabilización actual, 93.5% de los 13,998 guerrilleros que dejaron las armas cumplen su compromiso con dicho acuerdo. Aún quedan algunas disidencias de esta guerrilla y el Ejército de Liberación Nacional en combate, pero en la mayoría del territorio el gobierno podría emprender, sin dificultades de seguridad, una enérgica sustitución de cultivos de la mano de los cocaleros, con resultados más duraderos.
Hace una década, Miguel García Sánchez, profesor de la Universidad de los Andes, investigó la relación entre el negocio de la droga y la cultura política local. Encontró que “la erradicación en cualquiera de sus manifestaciones acarrearía consecuencias negativas en términos de participación y confianza en las instituciones del Estado” y que ese efecto “sería más fuerte en el caso de la aspersión aérea”.
La fumigación aumenta la probabilidad de problemas de la piel, dificultades respiratorias y abortos espontáneos.
Otra circunstancia que cambió es que por muchos años no hubo conocimiento científico concluyente sobre el daño que podría causar la aspersión. Se creía que el glifosato sería inocuo. Las autoridades citaban estudios como el realizado en 2001 por el toxicólogo Camilo Uribe Granja, fruto de una consultoría a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que recogió evidencia en terreno en lugares que no habían sido fumigados en cinco meses y que nunca tuvo revisión de pares académicos.
Pero desde 2013, un estudio de Adriana Camacho y Daniel Mejía estableció que la exposición a la fumigación con herbicidas aumentaba la probabilidad de problemas de la piel, dificultades respiratorias e incluso abortos espontáneos. Luego, en 2015, el mundo conoció que el glifosato es probablemente carcinógeno.
No existe un mecanismo de quejas expedito que permita captar el daño que pueda estar causando esta táctica. Eso lo aprendió con amargura Pedro Mutumbajoy, un pequeño agricultor del Putumayo, una de las principales zonas cocaleras al sur de Colombia. Según lo documentó la antropóloga estadounidense Kristina Lyons, a Pedro le fumigaron 350 árboles nativos que había sembrado. Su queja transitó por meses por la burocracia policial, sin resarcimiento alguno o siquiera una evaluación seria. Según la evidencia de Lyons, de las 2,265 quejas por problemas con la aspersión entre 2001 y 2015, 93.5% fueron rechazadas.
Desde que Pedro puso su queja hasta hoy, no es más claro cuál sería el mecanismo para asegurarse de que nuevas aspersiones anticoca no terminen afectando precisamente a aquellos cultivos con los cuales los campesinos están intentando sustituirla.
Tampoco tiene sentido reciclar la manida estrategia, cuando ya hemos constatado su fracaso como política de largo plazo. Lo concluyó sin ambages, en diciembre de 2020, la Comisión del Hemisferio Occidental sobre Política de Drogas, creada por el Congreso de Estados Unidos: “La erradicación masiva sigue siendo central en la política antidrogas de Estados Unidos en Colombia, a pesar de los enormes costos y resultados deplorables”. Otra agencia federal estadounidense, la Oficina de Rendición de Cuentas, equiparó en 2018 la erradicación forzada —incluyendo la fumigación— a cortar el pasto: solo funciona en el corto plazo.
En un momento cuando el mayor reto para la seguridad de la zona andina es afianzar la paz en Colombia, ni las autoridades colombianas y estadounidenses, ni la sociedad civil, deberían avalar que el gobierno vuelva a fumigar desde el aire cultivos ilícitos con herbicidas. Es una solución costosa y poco duradera, fractura la legitimidad de las autoridades frente a los campesinos, puede dañar la salud, no es transparente ni se puede vigilar y no existen canales efectivos para que los posibles afectados reciban respuesta rápida. Sabiendo lo que ya sabemos, volver a intentarla dizque para debilitar al narcotráfico, solo será una forma de acercarnos a la locura.
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