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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En un pronunciamiento firmado por alrededor de 250 organizaciones de 29 países, piden al gobierno salvadoreño “retirar los cargos contra defensores del agua”, quienes pertenecen a la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES), capturados el pasado 11 de enero.
Los detenidos, dice el comunicado, son cinco defensores del agua. Ellos son: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pachecho y Saúl Agustín Rivas Ortega, que trabajan en su comunidad en defensa de los bienes naturales en la zona parecentral de El Salvador. El pronunciamiento de las organizaciones internacionales se da luego de que la jueza que lleva el caso accediera a la petición de la Fiscalía General de la República (FGR), consistente en decretar prisión provisional contra los ambientalistas, mientras continúan las investigaciones, y así lo hizo la jueza el pasado jueves.
“Estas personas (las capturadas) fueron parte de los líderes que promovieron la histórica y exitosa campaña que convenció a la Asamblea Legislativa de El Salvador de aprobar, por unanimidad, la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en 2017, para salvar los ríos de esa nación”, dice el pronunciamiento público.
En 2009, el Instituto de Estudios Políticos (IPS) honró la labor de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, con el Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt de IPS, que los cinco ambientalistas capturados participaron en su creación.
El pronunciamiento señala que por una “desacertada adopción del Bitcoin”, el gobierno salvadoreño se encuentra bajo una “enorme presión” para encontrar nuevos ingresos, según información que han recabado, y esta sería parte de la decisión de revocar la prohibición de la minería de metales en territorio salvadoreño con el impacto de exponer a la población a la destrucción de su medio ambiente.
Las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos en El Salvador han declarado que los arrestos tienen motivaciones políticas, que busca a través de la criminalización del movimiento social, “silenciar a estos Defensores del Agua” , así como desmovilizar a la oposición comunitaria en ese momento crítico de una posible incursión minera de nuevo en el país.
“Los cinco están acusados por el Fiscal General de El Salvador de un presunto asesinato ocurrido hace más de 30 años, durante la brutal guerra civil en El Salvador, que cobró la vida de 75 mil personas. Las víctimas de los crímenes de esa guerra, en la que una dictadura respaldada por los Estados Unidos y escuadrones de la muerte derechistas mataron a decenas de miles, llevan décadas pidiendo justicia”, contrataron.
“El actual gobierno, sin embargo, ha optado por mantener activamente décadas de impunidad. En lugar de investigar o enjuiciar a los responsables de las decenas de casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que militares salvadoreños cometieron contra la comunidad Santa Marta”, alegaron.
El pronunciamiento señala que las personas de la Comunidad Santa Marta son sobrevivientes de la masacre del Río Lempa (1980), en donde fueron asesinadas alrededor de 30 personas y 189 desaparecido, por lo que consideran las organizaciones internacionales que esto es “revictimizar a la comunidad al atacar a sus líderes”, quienes se han manifestado de manera pública contra políticas del gobierno en turno.
“Esto plantea aún más dudas sobre si la verdadera motivación del Fiscal General es intentar silenciar a estos Defensores del Agua, especialmente tomando en cuenta la cruzada de la administración actual para criminalizar, perseguir y desmovilizar a sus opositores políticos”, expresa.
En cuanto al movimiento salvadoreño que obtuvo la prohibición de la minería metálica, fue reconocido por sus pares internacionales, pues se convirtieron en “inspiración para las comunidades y la sociedad civil alrededor del mundo”, y por eso los defensores de ADES -Santa Marta recibieron el apoyo a lo largo de esos años de organizaciones que trabajan en todo el mundo en defensa de los recursos naturales de sus países.
Las organizaciones firmantes son Institute for Policy Studies, CISPES, International Allies Against Mining in El Salvador y otras organizaciones de Argentina, Austria, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España Estados Unidos, Europa, Francia, Filipinas, Guatemala, Holanda, India, Irlanda, México, País Vasco, Paraguay, Perú, República Dominicana , Sudáfrica, Suecia y El Salvador.
