Diecinueve familias guatemaltecas quedaron marcadas nuevamente por una tragedia el 27 de marzo. Ese día, al menos 40 migrantes murieron en un incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, México. Las víctimas mortales eran hombres cuyas edades oscilaban entre 18 y 51 años y quienes, según sus familiares, migraron por la pobreza, conflictos agrarios y la falta de oportunidades de trabajo en sus lugares de origen. En México, seis personas fueron detenidas por esta tragedia, incluyendo un migrante.
Por Regina Pérez, Isela Espinoza y Verónica Martínez
La pobreza dejó morir a 19 guatemaltecos en México
Ha pasado más de una semana desde que un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, causó la muerte de al menos 40 personas migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia y Venezuela.
Según los datos recopilados por Prensa Comunitaria, los migrantes fallecidos provenían de departamentos como Alta Verapaz, Totonicapán, Quetzaltenango, Huehuetenango y Quiché. Sus familiares contaron que la decisión de emprender el peligroso viaje a Estados Unidos se vio motivada por varias razones, entre ellas la falta de empleo, la conflictividad agraria, la pobreza y el deseo de mejorar su condición de vida.
De la mayoría de migrantes no se conocen sus historias, pero según la información oficial residían en Sololá, Suchitepéquez, San Marcos, Guatemala y Chimaltenango.
Byron Manuel López Xol tenía 25 años y vivía en la comunidad Río Zarquito, Panzós, Alta Verapaz. Su madre Florinda Noemí Xol contó que López salió de su comunidad el 11 de marzo. “Me voy a ir” recuerda Noemí que le dijo el joven. Ella señaló que la razón por la que su hijo decidió migrar es la conflictividad que les causa la finca San José Panorama.
“Ellos nos quieren desalojar, nos han amenazado, hemos recibido acoso, para poder sembrar palma”, dijo la madre de familia. “Lo que pasó también fue por ellos porque él se desesperó por ese problema de muchos años”, agregó Xol.
#DramaMigratorio📍Byron López Xol, maya q’eqchi falleció en el incendio de centro migratorio de ciudad Juárez. Fue expulsado de su comunidad en Panzós Alta Verapaz por el acoso y problemática que genera la empresa de palma NaturAceites y la criminalización por defender la tierra. pic.twitter.com/kx9279VR8u
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) April 3, 2023
Además, indicó que teme por su vida y de sus hijos. La familia se dedica al cultivo de maíz, fríjol y sandía, sin embargo, señaló que eso no les importa a los dueños de la finca, quienes a veces mandan a vigilarlos.
Ahora, la madre pide al Estado de Guatemala que haga justicia. “Nos metimos a esa deuda, pensando que mi hijo podría llegar, todo por los problemas, la necesidad, la pobreza”, dijo Noemí entre lágrimas. Su hijo señaló, era el mayor de todos y dijo que siempre la acompañaba. Su última comunicación con el joven fue el domingo 26 de marzo quien le dijo que ya le falta poco para llegar a Estados Unidos.
El lunes por la noche, ocurrió la tragedia. Florinda Noemí llora al recordar que con mucho esfuerzo costeó sus estudios al joven, pero que no tuvo otra alternativa que elegir la migración.
Según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) que se realizó en el país, en 2014, la pobreza en Alta Verapaz alcanza al 83 % de su población. El municipio de Panzós, donde vivía López Xol, está localizado en el Valle del Polochic y su población se dedica principalmente a la agricultura.
En ese municipio, los latifundios concentran la propiedad de la tierra y muchas familias no disponen de espacio para la producción agrícola, según información del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento realizado por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) en 2019.
Hasta ahora, se han identificado varias víctimas mortales provenientes de este departamento. Raymundo Quib Tzalam, de 31 años, de Salacuim, una aldea ubicada a ocho horas de la ciudad capital también estuvo encerrado en el centro de detención y fue otro de los fallecidos. Vecinos de su comunidad indicaron a Prensa Comunitaria que en esa aldea hay pocas oportunidades de trabajo y la pobreza, motivos que lo forzaron a migrar.
En la aldea Saqrab’, del municipio de San Pedro Carchá, ubicado a 8 kilómetros de Cobán, la cabecera departamental, residía Santiago Caal Tzul, maya Q’eqchi’. Salió a EE. UU el 3 de marzo. Caal Tzul, de 25 años, ya estaba casado y tenía una hija.
Afuera de su hogar, sus vecinos se reunieron para acompañar a la familia doliente, aunque su cuerpo como de los demás migrantes aún no ha sido repatriado. Su suegro Francisco Cucul indicó que él viajó al país del norte con el objetivo de superarse y encontrar oportunidades para su familia porque en esa región cuesta conseguir trabajo.
El sastre que quería cumplir sus sueños
Roberto González, salió del paraje Chi-Marcaj, San Antonio Sija, del municipio de San Francisco El Alto, Totonicapán, rumbo a Estados Unidos el 19 de marzo. Padre de dos hijos de 11 y 10 años, los ingresos que ganaba como sastre no eran suficientes para mantener a su familia.
Roselia, su hermana, contó que el día que González se despidió de ella le dijo que llegaría a cumplir sus sueños y metas. Esas fueron sus últimas palabras, pido justicia por lo ocurrido, porque los de migración no reaccionaron inmediatamente cuando se estaba incendiando el reclusorio, manifestó.
Cuando González fue detenido por las autoridades de migración en Ciudad Juárez pudo comunicarse con sus familiares a quienes les dijo que tenía la esperanza de que los liberaran en tres días. Sin embargo, eso no ocurrió, según su tío Pedro González.
El tío lamentó lo que ocurrió con su sobrino. “Hubieran abierto las puertas. Se vio por las cámaras que ignoraron lo que estaba sucediendo. Ni a un animal se le trata así, si nos ponemos a pensar lo que sufrieron las víctimas en ese momento, ese es el dolor que siento. Nosotros pedimos justicia por la mala actuación de las autoridades mexicanas”, señaló a Prensa Comunitaria.
Este caso no es el único que ha afectado a la población de Totonicapán este año. En febrero siete migrantes de ese departamento murieron en un accidente de tránsito en Nuevo León, México, cuando viajaban hacia Estados Unidos. Para poder costear el viaje, la familia de German Martínez tuvo que pedir un préstamo.
Otro migrante que fue identificado entre los fallecidos es Miguel Sebastián Pedro Mateo, originario de Santa Eulalia, Huehuetenango. De acuerdo con el reporte “Migración de Huehuetenango en el Altiplano Occidental de Guatemala”, de Migration Policy Institute y la Asociación Pop Noj, el departamento es uno de los dos a nivel nacional que lidera la migración irregular hacia Estados Unidos.
Según el informe, actualmente para migrar hacia el país del norte las personas tienen que pagar entre 10,400 a 15,600 dólares. Para lograrlo, los migrantes pagan del 25% al 50 % del viaje por adelantado, y muchas veces poniendo su título de propiedad como garantía. Hay casos en que piden prestado dinero al usurero local o al mismo contrabandista, señala la publicación.
Del municipio de Olintepeque, Quetzaltenango, dos jóvenes figuran entre las víctimas del incendio, pero uno de ellos sobrevivió, Cristian Alexander Ventura. El otro joven que lo acompañaba en este viaje, Edwin Ixpertay, no corrió la misma suerte. Ambos salieron juntos del municipio, contó el hermano de Cristian, Neil Ventura.
La razón, explicó Ventura, fue por necesidad de tener un trabajo. Inicialmente, la familia de Cristian Alexander pensó que se encontraba entre las víctimas mortales, sin embargo, él se pudo comunicar con sus familiares para decirles que estaba vivo.
Según datos oficiales, entre los fallecidos y heridos también había migrantes de Quiché, Sololá, Suchitepéquez, San Marcos, Chiquimula y Chimaltenango. Todos son hombres, con edades que oscilan entre los 18 y 51 años.
Prensa Comunitaria hizo una consulta con el Consejo Nacional de Atención al Migrante (CONAMIGUA) para preguntar qué apoyo se le está dando a los familiares de las víctimas. Según se indicó, la repatriación de los cuerpos a Guatemala estará a cargo del gobierno de México.
Asimismo, algunas familias están viajando hacia Ciudad Juárez para hacer un reconocimiento de las personas que sobrevivieron al incendio. La coordinación se está realizando en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX).
Datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) dan cuenta que, del 1 de enero al 30 de marzo de 2023, 11,424 personas migrantes han sido deportadas de Estados Unidos por vía aérea y 3,942 desde México. Por tierra han sido expulsados del país vecino 7,008 guatemaltecos que intentaban llegar a Estados Unidos.
Entre enero y febrero, el mayor número de deportaciones lo encabezaron los departamentos de Huehuetenango y Quiché, con 1,605 y 1375, de los 12,492 casos que registró la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en esos dos meses.
Según CONAMIGUA, hay una tendencia creciente de migración de Guatemala hacia Estados Unidos similar a la que había antes de la pandemia de la COVID-19, cuando los niveles de migración eran altos.
En 2019, 103,744 personas migrantes fueron deportadas a Guatemala desde ese país. En 2020, durante la pandemia, hubo 44,995 expulsiones, en tanto en 2022 se registraron 94,283 deportaciones, según los datos de OIM.
Lea más acá:
Un sueño pausado en Ciudad Juárez
La tragedia de la noche del lunes 27 de marzo fue el rebalse de la tensión que vivían los migrantes en Ciudad Juárez. Quince días antes un grupo de hombres y mujeres con niños intentó hacer un cruce masivo en el puente internacional Paso del Norte, que une el municipio mexicano con el estadounidense El Paso. La avalancha fue alimentada por un rumor que circuló en redes sociales, pero fueron violentados por agentes antidisturbios.
La escena se sumó a declaraciones del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, en donde admitía que el “nivel de paciencia se está agotando” y que optaría por una “postura más fuerte” con los migrantes varados en esa ciudad y que deambulan en las calles y semáforos para pedir ayuda monetaria o vender dulces para sobrevivir.
“Ha llegado un momento crucial para poner un alto y tener un punto de quiebre en este sentido. Es fundamental, porque pueden afectar la economía de la ciudad por actividades como la que se vio el día de ayer (el cruce masivo), que son totalmente ajenas a la realidad fronteriza”, dijo Pérez Cuéllar durante su rueda de prensa semanal. Además, el funcionario recomendó a la ciudadanía dejar de apoyar a la población migrante dándoles dinero o comprando caramelos.
La noche del incendio, que dejó 40 fallecidos y 27 heridos, se encontraban alrededor de 80 personas en la estación migratoria que habían sido detenidas en una redada horas antes. El viernes pasado, durante una conferencia de prensa, los migrantes afirmaron que al ingresar al lugar les quitaban todas sus pertenencias incluidas las cintas de los zapatos.
“Nos quitan todo cuando llegamos a estos lugares, no entendemos cómo ahora el Gobierno quiere culpar a un compañero migrante y decir que él inició el incendio”, comentó Marcelo Yepes, un migrante de Ecuador.
Para el sacerdote Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante Ciudad Juárez, causa indignación escuchar los discursos de los servidores públicos. “Estamos hablando de historias, corazones, dignidad y sus derechos se respetan. Todo esto que ha pasado es precisamente por las políticas de los gobiernos o por carecer de planes que lo único que hacen es poner en riesgo a los migrantes”, comentó.
Las historias de los centroamericanos y sudamericanos que han abandonado su país coincide en las vulnerabilidades, discriminación e inseguridad que han sufrido durante su trayectoria. Algunos llevan tres meses caminando por la selva entre Colombia y Panamá para llegar a Centroamérica, México y, con suerte llegar a alguna ciudad de Estados Unidos.
Mixer González, 43 años, junto a su esposa Marisol, de 29 años, y su hija de un año, abandonaron el departamento de Escuintla, Guatemala, desde hace tres meses luego que extorsionistas les pidieran Q70 mil por un negocio de ceviches que tenían. Ambos llevan varados dos meses en Ciudad Juárez. Al llegar les dieron un permiso para estar en ese municipio de Chihuahua, pero no para trabajar.
Marisol relató que los extorsionistas llegaron a disparar a su hogar y les dieron 24 horas para pagar la cuota. “Estábamos durmiendo y por poquito nos alcanzan las balas. No podíamos ajustar ese dinero y mejor decidimos irnos a Estados Unidos”, afirmó.
En estos dos meses, han pasado de buscar refugio en un albergue a alquilar desde hace una semana una habitación de hotel que les cobra 350 pesos mexicanos la noche. Según explicaron, tomaron la decisión de salir del albergue luego que la comida empezara a dañar la salud de su hija. Además, del hacinamiento que hay en esos lugares.
“Con ayuda de amigos y familiares en Estados Unidos y Guatemala hemos obtenido algunos ingresos para poder pagar la renta. Mi esposa vende dulces y también pedimos ayuda”, dice, por su parte, Mixer.
Mientras, esperan que las autoridades migratorias de México les concedan una cita para exponer su situación, ambos guatemaltecos sueñan llegar a Estados Unidos para empezar de nuevo su hogar.
A pesar de que la red de albergues en Ciudad Juárez consiste en más de 30, según el registro de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Juárez, han aumentado en la zona espacios brindados por iglesias y otras organizaciones. Además, en colonias como Bellavista y Altavista, cercanas al muro fronterizo, se rentan inmuebles que carecen de servicios básicos. Pero quienes no pueden pagar una de estas opciones, viven en situación de calle, que se enfrentan a ser perseguidos por los agentes migratorios y públicos.
Según el Centro de Atención Integral al Migrante, en promedio atienden a 1 mil 017 personas de México, Honduras, El Salvador, Haití, Cuba, Nicaragua, Chile, Colombia y Venezuela.
Un ambiente hostil y con creciente xenofobia
Ciudad Juárez ha sido una región de paso para los flujos migratorios. La estación migratoria donde ocurrió la tragedia se encuentra entre el Puente Internacional Lerdo y a poco más de 50 metros de la frontera con Estados Unidos.
Divididos por una autopista, los edificios de la ciudad vecina, El Paso, son visibles, así como el muro fronterizo que actualmente se encuentra resguardado por la Guardia Nacional de Texas y de México.
En los últimos cuatro años, la ciudad ha visto un cambio en los flujos migratorios, ya que se ha convertido en el limbo para personas en movilidad. Del 2019 al 2021, los albergues recibieron a personas que quedaron dentro del programa de Protocolo de Protección a Migrantes, conocido como “Quédate en México”, y desde el 2020 a aquellos retornados bajo el Título 42.
El delegado federal de programas de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, declaró que el alcalde ha generado un ambiente hostil derivado de las redadas y detenciones de migrantes. Sin embargo, Pérez Cuellar dijo que la revisión de las condiciones de la estación migratoria le correspondía a Loera. “Ahora resulta que también se nos quiere decir xenófobos y racistas. Una serie de cosas que yo no soy y no pernean en la ciudad”, dijo el alcalde.
El pasado viernes 31 de marzo, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció la suspensión definitiva del lugar donde ocurrió el incendio. “El inmueble quedó inoperable para la presentación y alojamiento de migrantes extranjeros con estancia irregular en el país”, dio a conocer a través de un comunicado de prensa. De forma temporal designó al Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario” para dar continuidad a las solicitudes de los migrantes.
Organizaciones civiles de apoyo a la población migrante habían advertido sobre las condiciones “inhumanas” de las estaciones migratorias que fungen “como centros carcelarios”, según han denunciado.
Lea más acá:
Califican de inhumano el centro de detención de Ciudad Juárez donde murieron 38 migrantes
Según cifras del INM, entre enero y febrero de este año, 3 mil 210 mil personas en situación migratoria irregular fueron presentadas en la estancia migratoria de Ciudad Juárez. Autoridades migratorias no han detallado bajo qué esquema estaban detenidas las víctimas del incendio. Sin embargo, Oscar Ibáñez Hernández, representante de gobierno del estado en la zona norte, compartió que todos los días llegan a la estación migratoria personas que han sido retornadas por Estados Unidos bajo el Título 42.
Según los nuevos lineamientos migratorios establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, las personas migrantes quedan detenidas en Ciudad Juárez a la espera de poder gestionar una cita para solicitar asilo humanitario a través de la aplicación CBP One. Sin embargo, las personas solicitantes han evidenciado las fallas de esa aplicación que se satura.
A ocho días de la tragedia
Recientemente, las autoridades dieron a conocer la muerte de un migrante con lo que suman 40 fallecidos. Pero no dio a conocer ni el nombre ni la nacionalidad. Además, reportaron que 27 heridos de los cuales 23 continúan hospitalizados. Agregaron que el fin de semana seis de los 23 fueron trasladados al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados en la Ciudad de México.
En cuanto a la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) de México presentó cargos a cinco de las seis personas contra las que giró órdenes de captura (tres funcionarios del INM, un guardia de seguridad privada y un migrante) acusados de los delitos de homicidio y lesiones en perjuicio de 67 migrantes.
Reportes de prensa, señalan que las personas detenidas han empezado a declarar sobre lo que sucedió previo al incendio. Una de las arrestadas identificada como Gloria Liliana comentó que estaba a cargo de unas 15 mujeres migrantes cuando aproximadamente a las 21:00 horas escuchó gritos de los hombres migrantes que querían salir y tomar agua. Según dijo, avisó sobre la situación al representante local del INM, quien también se encuentra detenido e identificado como Daniel G.Y., quien presuntamente, dio la orden de llevarles jarras con agua.
La detenida relató que llamó a emergencias, buscó a un compañero que tomó un extintor para tratar de apagar el fuego. Sin embargo, un día después de la tragedia, en redes sociales se viralizó un video en donde se observa a agentes abandonar la estación migratoria mientras las víctimas piden ayuda.
Por su parte, Daniel confirmó que había sido notificado del incendio y que dio la orden de sofocar el fuego. Además, dijo que las personas migrantes son encerradas bajo llave en lo que se resuelve un procedimiento administrativo y afirmó no se les permite quedarse con ningún objeto flamable. Agregó que la revisión de los migrantes está a cargo del personal de seguridad privada.
Mientras, uno de los agentes de seguridad detenido e identificado como Alan Omar comentó que les pidió a los migrantes “que se calmaran”, pero fue imposible ya que tenían más de 10 horas sin agua, sin comida y sin papel higiénico. Aseguró que no contaba con llaves del área de detención. Otro guardia también dijo que no tienen llaves y que no están capacitados para atender a personas migrantes.
Aunque la estación migratoria fue cerrada, un altar improvisado recibe flores y velas que acompañan las fotografías de las víctimas. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que la tragedia no quedará impune. Mientras, los gobiernos de los países de origen de las víctimas (Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela, Ecuador y Colombia) se han pronunciado únicamente brindando sus condolencias a las familias. Solo El Salvador ha calificado la tragedia de crimen de Estado y exigió que el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, sea destituido y procesado por la muerte de los migrantes.
